La industria del juicio ha retornado a la Argentina representando un costo de 500 millones de pesos anuales a los prestadores del servicio de salud. Para defenderse de esta situación, utilizan la “medicina defensiva” que consiste en prescribir más estudios de los necesarios para evitar eventuales demandas generando un incremento de los costos del sistema. Otra manera de salvaguardarse en contratar elevados seguros por parte de los médicos.
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Para solucionar esta situación, los prestadores y los médicos reclaman modificar el régimen de prescripción, establecer topes en los montos indemnizatorios y mayor control en el beneficio de litigar sin gastos, entre otras variantes legales.
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